Como abogada de Zaragoza especializada en medidas de apoyo a personas con discapacidad, con frecuencia atiendo en el despacho a personas que quieren saber cómo ayudar a algún familiar que empieza a tener dificultades para gestionar su dinero, comprender un contrato o realizar determinados trámites.
Estas cinco preguntas son las que más me plantean y sus respuestas pueden ayudar a saber por dónde empezar.
1. ¿Qué son las medidas de apoyo?
Las medidas de apoyo son instrumentos para que una persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos y tomar decisiones con la ayuda que necesita. Por ejemplo, una persona puede requerir apoyo solo para comprender una operación económica o valorar sus consecuencias, pero no para decidir si desea o no realizarla.
Las funciones representativas (sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad) se prevén para situaciones excepcionales.
2. ¿Cuándo necesita una persona con discapacidad una medida de apoyo?
Una enfermedad, una edad avanzada o un reconocimiento administrativo de discapacidad, no justifican por sí solas imponer una medida judicial. Debe existir una necesidad real y acreditada; no basta con anticipar problemas que quizá aparezcan en el futuro.
Lo importante es determinar cómo la discapacidad afecta a la vida y al ejercicio de sus derechos. Una persona puede desenvolverse con autonomía en sus gastos diarios o en la realización de una actividad laboral, pero al mismo tiempo puede necesitar ayuda para realizar operaciones patrimoniales complejas, para comprender lo que implica un contrato de trabajo e incluso para controlar un tratamiento médico.
La regulación de las medidas de apoyo exige que estas se ajusten a las necesidades concretas. Por eso, antes de plantear una solicitud, conviene identificar qué dificultades existen, en qué decisiones aparecen y qué ayuda se está prestando ya.
3. ¿Siempre hay que acudir al juez o puede bastar con la ayuda familiar?
No es necesario iniciar siempre un procedimiento, ya que la ley contempla distintas formas de apoyo: medidas voluntarias por la propia persona, medidas informales y medidas judiciales. La elección depende de la situación de la persona y del funcionamiento adecuado o no de los apoyos.
Las medidas voluntarias permiten que la propia persona organice quién le ayudará y con qué alcance en caso de precisar apoyos (en Aragón, el mandato de apoyo y en Derecho Común poderes preventivos). Solo si estas medidas no cubren suficientemente sus necesidades, entran en juego las medidas judiciales.
La guarda de hecho es el apoyo informal que se presta sin un nombramiento judicial. Ocuparse de un familiar no otorga, por sí solo, facultades ilimitadas para actuar en su nombre, porque para determinadas actuaciones, como la venta de un bien, el guardador de hecho necesitará autorización judicial (o de la Junta de parientes en Aragón).
4. ¿Quién puede solicitar medidas judiciales de apoyo y cómo se tramitan?
El Ministerio Fiscal, la propia persona con discapacidad, su cónyuge no separado, su pareja en una situación asimilable, sus descendientes, ascendientes o hermanos, pueden solicitar medidas de apoyo judiciales. Además, si una persona que no está en esos supuestos conoce algún caso, o cualquier persona conoce hechos que manifiesten una posible necesidad de apoyo, puede comunicarlo al Ministerio Fiscal.
La solicitud se tramitará en la jurisdicción voluntaria, reservada a asuntos donde, en principio, no hay conflicto de intereses.
La solicitud debe explicar las necesidades de la persona y acompañar documentación (libro de familia, certificado de nacimiento de persona discapacitada, resolución administrativa de discapacidad, informes médicos…) y un informe de profesionales especializados de los ámbitos social (trabajadores sociales) y sanitario.
El juez se entrevistará con la persona con discapacidad, que también será evaluada por un médico forense. Se celebrará una comparecencia a la que asistirán los familiares cercanos y se practicarán las pruebas pertinentes.
Si la persona con discapacidad o sus familiares se oponen a cualquier medida de apoyo, se archivará el procedimiento en esa jurisdicción y será necesario acudir a un procedimiento contencioso para determinar si existe o no necesidad de apoyo y cuál se establece.
5. ¿El curador decide todo y las medidas son para siempre?
No. El juez establecerá y concretará lo que el curador podrá hacer en solitario y aquello para lo que precisará autorización judicial.
Además, las medidas deben revisarse y adaptarse a la evolución de la persona en el plazo que establezca el juez. Si la curatela deja de ser necesaria, puede extinguirse mediante resolución judicial. La persona con discapacidad puede solicitar esa revisión.
Acertar con el apoyo empieza por escuchar a la persona, conocer sus dificultades y evitar soluciones más amplias de lo necesario.
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